"Los derechos de acceso a la información en materia ambiental, de participación en la toma de decisiones y de acceso a la justicia, son básicos para hacer efectiva la justicia ambiental. Este libro presenta, a través de las contribuciones de abogados y académicos de distintos países, españoles y latinoamericanos, un análisis de los obstáculos que encuentran las víctimas de daños ambientales para acceder a la justicia y para obtener una reparación. Las presentaciones por países, relativas a Chile, Costa Rica, Argentina, Panamá, México y Ecuador se completan con uno de los casos, relativo a Brasil, que se han llevado al sistema interamericano de derechos humanos y con otras sobre el caso español y la situación de las vías extraterritoriales de acceso a la justicia en los países de la Unión Europea. Laobra es el resultado de una iniciativa conjunta de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), de la Universidad Rovira i Virgili, con el apoyo de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA)" (4ème de couv.).
Las catástrofes ambientales registradas en el último siglo y los efectos nocivos que la actividad industrial y nuestra forma de vida tienen sobre el medio ambiente y, con él, sobre nuestra calidad de vida, han puesto de manifiesto la especial naturaleza de los daños ambientales, su magnitud y los retos jurídicos que su complejidad plantea. Estos están, sin duda, directamente relacionados con los que la globalización plantea al Derecho en general y al Derecho internacional privado en particular. Con el fin de plantear propuestas de mejora, se analizan en esta obra los principales obstáculos en el acceso a la justicia civil en el ámbito de la UE que encuentran los perjudicados por daños ambientales transnacionales, incluyendo también referencias a la regulación en terceros países. Así, se consideran las implicaciones que tiene para el proceso civil -de esencia y tradición individualista- la especial naturaleza de los daños ambientales, con una pluralidad de intereses afectados de distinta índole y, generalmente, con multitud de perjudicados. En concreto, este análisis se centra en el estudio de la legitimación y de las acciones colectivas cuya insuficiente regulación impide o dificulta el acceso a la justicia, con la consecuente falta de reparación de los daños -individuales y sociales-. En este respecto, la presente monografía pretende ser un instrumento útil en el camino a lograr soluciones jurídicas más justas y eficientes. Laura García Álvarez es Licenciada en Derecho (2011) y en Administración y Dirección de Empresas (2011) por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). En el año 2012 finalizó el Máster Oficial de Cooperación Internacional al Desarrollo en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, y obtuvo una beca FPU del Ministerio de Educación para realizar el Doctorado. En 2015 defendió en la Universidad Pablo de Olavide su Tesis Doctoral sobre el acceso a la justicia en la UE en daños ambientales causados por grupos transnacionales de sociedades, recibiendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Ha realizado estancias de investigación en el Institut Suisse de Droit Comparé (Lausana), en el Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile) y, en el presente año, en el centro de UNIDROIT (Roma). En la actualidad es becaria en la Universidad Pablo de Olavide, desarrollando tareas docentes y de investigación en el área de Derecho internacional privado.
La información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia (derechos de acceso) son temas que están en constante debate en la doctrina del Derecho público. Las discusiones al respecto giran en torno a sus efectos, su naturaleza jurídica, sus características, los mecanismos de protección judicial y el impacto en la actuación administrativa. Tales cuestiones vienen siendo tratadas cada vez más por la doctrina, en materia ambiental son de enorme relevancia y adquieren gran interés a la luz del principio democrático del Estado: especialmente, al ser una posible respuesta a los con nietos ambientales. La justicia ambiental se ha ido consolidando como una demanda social (y ambiental) con una gran capacidad para transformar los ordenamientos jurídicos y acomodarlos a las necesidades ciudadanas. Uno de los aspectos más destacados de esa justicia ambiental es el acceso y con él, y a través de él, la formalización y materialización jurídica de los derechos que recrean y dan soporte a ese mismo acceso, a saber, la información ambiental, la participación ciudadana y el propio acceso a la justicia ambiental stricto sensu.
En La tutela judicial frente al daño ambiental colectivo el autor se propone someter a prueba la aptitud de los ordenamientos jurídicos de Argentina y España para abordar una pretensión de tutela ambiental colectiva. Realiza entonces un análisis comparativo partiendo de la siguiente premisa: la inadecuación de las normas procesales afecta no sólo al acceso a la jurisdicción sino también a la justicia ambiental misma, considerada desde una visión multidimensional (Schlosberg, 2009). Con este cometido, el texto repasa la normativa supranacional dedicada al derecho de acceso a la justicia ambiental —incluyendo el recientemente adoptado Acuerdo de Escazú— y revisa los sistemas de tutela desde la normativa, la doctrina y la jurisprudencia. El autor concluye su obra con consideraciones críticas y propuestas de modificación legislativa, las que entiende necesarias para una adecuada tutela del ambiente, y de los intereses difusos en general, en un contexto de conflictividad global creciente.
Contenido del libro: Capítulo I. Acceso a la justicia ambiental: 1. El acceso a los tribunales ambientales, Andrés Bordalí Salamanca. 2. Algunas consideraciones sobre las acciones de impugnación contra la resolución de calificación ambiental ante la garantía de la tutela judicial efectiva, Sebastián Riestra López. Capítulo II. La actividad administrativa y la justicia ambiental: 3. La fundamentación de los actos administrativos como garantía inherente a un Estado de derecho: sus manifestaciones en la jurisprudencia ambiental, Ricardo Badtke Arancibia. 4. El control intenso de la discrecionalidad administrativa y sus costos para el funcionamiento de la institucionalidad ambiental, Matías Guiloff Titiun. 5. Sobre el reclamo contra la resolución que interviene en un procedimiento de invalidación en materia ambiental, Alberto Barros Bordeu - José Miguel Valdivia Olivares Capítulo III. Las sanciones administrativas y la justicia ambiental: 6. Culpa e intencionalidad en la aplicación administrativa de sanciones ambientales. Del principio de culpabilidad a la culpa infraccional, Javier Millar Silva. 7. La revisión judicial de las sanciones administrativas en materia ambiental, Juan Carlos Ferrada Bórquez. 8. Revisión jurisdiccional de las sanciones ambientales y la congruencia de la decisión judicial, Iván Hunter Ampuero. Capítulo IV. Daño ambiental y la justicia ambiental: 9. El principio de precaución en la jurisprudencia ambiental chilena, Francisca Moya Marchi. 10. Daño ambiental y Administración: su función y determinación en el sistema sancionatorio ambiental, Francisco Pinilla Rodríguez. 11. La competencia del Tribunal Ambiental en materia de responsabilidad por el daño ambiental: la inexistencia de responsabilidades ambientales especiales, Magdalena Prieto Pradenas.
El objetivo del presente trabajo es analizar las posibilidades que el sistema jurisdiccional de la Unión Europea ofrece a los ciudadanos para reclamar el cumplimiento del Derecho del medio ambiente, cuando consideran que se ha producido una violación del mismo por parte de la Administración. El estudio se centra en las propias instituciones de la Unión, tanto en lo que se refiere a los actos objeto de recurso, como a las instancias de revisión. La manera en que se ha desarrollado la integración europea afecta profundamente a las posibilidades de recurso ante los tribunales de la Unión. Por un lado, la aplicación descentralizada del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros y el control de dicha aplicación por parte de los Tribunales nacionales ha provocado que, en la mayoría de los casos, no fuese necesario establecer un régimen amplio de acceso a los recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE. Por otro lado, algunas instituciones y procedimientos de la Unión aún no están completamente adaptados a una organización que ha asumido gran cantidad de competencias en ámbitos cada vez más alejados de lo económico y, lo que es más importante, que empieza a asumir la necesidad de aplicar por sí misma algunos sectores del ordenamiento. Este último fenómeno es especialmente intenso en el campo del medio ambiente. Los problemas surgen cuando los ciudadanos que desean solicitar la revisión de los actos de la Administración europea se encuentran sin posibilidades de recurso, tanto en vía administrativa, como judicial. La regulación de los recursos judiciales ante el Tribunal de Justicia impide que los administrados sin un interés directo puedan recurrir actos administrativos y si dichos actos no han originado ningún acto interno en sus Estados, tampoco podrán recurrir a los Tribunales nacionales...
The North American Mosaic has four overarching features. First, it is, to the extent feasible, based on comparable information on the status and trends of major indicators of the state of the environment in Canada,Mexico, and the United States. Second, the report confirms that these three countries together make up an incredibly complex, dynamic, and interconnected ecosystem in which humans play a dominant and decisive role. Third, the report raises important and sometimes disquieting questions concerning the sustainability of some current trends. Finally, the report is a reminder that our economic, social, and physical well-being are utterly dependent on the life-sustaining services provided by nature. This report emphasizes the importance of developing mutually compatible economic, social, and environmental goals and policies across the three-country region.
This book contains a selection of papers on various legal issues of interest to developing countries which have been prepared by Fellows from InWent who came to Germany between 2002 and 2004 from Africa, Asia, and Latin America to research and write about subjects of their choice at the IUCN Environmental Law Centre.
Reflecting a global trend, scores of countries have affirmed that their citizens are entitled to healthy air, water, and land and that their constitution should guarantee certain environmental rights. This book examines the increasing recognition that the environment is a proper subject for protection in constitutional texts and for vindication by constitutional courts. This phenomenon, which the authors call environmental constitutionalism, represents the confluence of constitutional law, international law, human rights, and environmental law. National apex and constitutional courts are exhibiting a growing interest in environmental rights, and as courts become more aware of what their peers are doing, this momentum is likely to increase. This book explains why such provisions came into being, how they are expressed, and the extent to which they have been, and might be, enforced judicially. It is a singular resource for evaluating the content of and hope for constitutional environmental rights.
This book provides a critical assessment of the impact of UN Resolution 1325 by examining the effect of peacebuilding missions on increasing gender equality within conflict-affected countries. UN Resolution 1325 was adopted in October 2000, and was the first time that the security concerns of women in situations of armed conflict and their role in peacebuilding was placed on the agenda of the UN Security Council. It was an important step forward in terms of bringing women’s rights and gender equality to bear in the UN’s peace and security agenda. More than a decade after the adoption of this Resolution, its practical reality is yet to be substantially felt on the ground in the very societies and regions where women remain disproportionately affected by armed conflict and grossly under-represented in peace processes. This realization, in part, led to the adoption in 2008 and 2009 of three other Security Council Resolutions, on sexual violence in conflict, violence against women, and for the development of indicators to measure progress in addressing women, peace and security issues. The book draws together the findings from eight countries and four regional contexts to provide guidance on how the impact of Resolution 1325 can be measured, and how peacekeeping operations could improve their capacity to effectively engender security. This book will be of much interest to students of peacebuilding, gender studies, the United Nations, international security and IR in general.
